Docente hace aporte en la búsqueda de justicia ante crímenes atroces

El profesor Alonso Illueca fue uno de los expositores del Seminario Parlamentario sobre la Implementación de estándares internacionales para la lucha contra la Impunidad por la Comisión de Crímenes Atroces, actividad organizada por Parlamentarios para la Acción Global.

Los organizadores sustentan que a pesar de los logros en materia de derecho penal internacional, quedan muchos retos para la implementación efectiva de los estándares y mejores prácticas en los marcos legales nacionales.

¿Cómo se trasladan los instrumentos regionales y los Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acciones legislativas concretas?, fue el tema desarrollado por el experto, quien es Profesor Asociado de Derecho Internacional y Derechos Humanos de la USMA.

Según el profesor Illueca, en distintos espacios de su historia, la región ha tenido que lidiar, en la práctica, con la instauración de regímenes autoritarios en un número plural de Estados.

Explica que los estándares internacionales en la lucha contra la impunidad por la comisión de crímenes atroces son bastante claros y la jurisprudencia del Sistema Interamericano los enriquece en cuanto a su alcance y contenido. Consecuentemente, el diseño y la promulgación de acciones legislativas concretas tendientes a su incorporación en los sistemas jurídicos nacionales de los Estados deben ser una prioridad para los parlamentarios. Indica que esto se puede hacer a través de la ratificación o la aprobación de instrumentos internacionales o regionales que buscan realizar dicho fin; mediante el ejercicio de una especie de control de la convencionalidad y la incorporación, mediante acciones legislativas concretas, de los estándares interamericanos.

Además, el experto recomendó a los parlamentarios prestar especial atención a las negociaciones que lleve cada Estado con las víctimas de crímenes atroces o sus familiares para incorporar a los arreglos de solución amistosa o a la medidas de reparación acordadas, instrumentos legislativos que garanticen su sanción, prevención y garantía de no repetición.

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