Hans Kelsen, jurista y filósofo austríaco, decía que la eficacia es una condición para la validez de una norma. Cuando nos remitimos al concepto validez, vemos que tiene que ver con la debida creación de la norma. Recordemos que para que una norma sea válida, debe ser aprobada en tres debates, sancionada por el presidente y, luego, ser publicada en la Gaceta Oficial. Contrario sensu, la eficacia de la norma no destruye el valor de ley, sino más bien le da su verdadero sentido. Lo anterior, se encuentra estrechamente relacionado con la voluntad del legislador; pues es ahí donde encontramos su real espíritu. Por ello, que cuando un legislador desarrolla una propuesta legislativa debe conocer cuál es la problemática que debe resolver, pues eso facilitaría analizar el grado de cumplimento.
¿Qué significa que una ley sea eficaz?
Que realmente sea obedecida y aplicada; es decir, qué tanto se cumple una norma en la sociedad; y si alcanza su propósito. En ese sentido, la eficacia de la ley en Panamá depende del cumplimiento de ciertos factores sociales, los cuales son: el desconocimiento de la norma y la falencia del sistema. Tenemos una innumerable cantidad de leyes, que no sabemos que existen y que no sabemos qué contienen; esto supone un grave problema a la hora de hacer cumplir nuestras leyes, ya que la pluralidad de normas, confunden al ciudadano sobre lo que es o no legal. Además, el que tiene más poder económico y social, le rinde menos cuentas al Estado, esto genera una complicidad entre los gobernantes y las elites socioeconómicas y, en consecuencia, genera impunidad. Decía Montesquieu: “Todo aquel que detenta el poder, tiende a abusar de él”.
Y como si fuese poco, la oscuridad o ambigüedad y la inequitatividad de las leyes desincentivan el cumplimiento de las mismas. Mantenemos un sistema judicial obsoleto; donde los procesos duran demasiado, cuestan demasiado y son poco confiables lo que aumenta aún más las posibilidades del verdadero cumplimiento de la ley. Existe, asimismo, una causa por lo que a mi parecer no se cumple la ley y debe asustar a todos nuestros gobernantes; y es la falta de legitimidad de la ley, que trae como consecuencia la falta de aceptación por parte de la ciudadanía y esta a su vez, el incumplimiento de la ley al no cumplir con las garantías que esperamos todos de nuestras instituciones.
Si mantenemos el statu quo, inevitablemente tendremos más leyes que ciudadanos; más reos que inocentes; más “juega vivos” que autoridades incorruptibles; más casos sin resolver que sentencias; y más anarquía que democracia. Es importante que nuestros legisladores entiendan que hacer más leyes, no reducirá la tasa de incumplimiento de las leyes previas; que nuestros jueces resuelvan controversias de forma imparcial; que nosotros como ciudadanos no sigamos colapsando el sistema con casos y empecemos a utilizar otras vías de resolución de conflictos y que nuestros gobernantes cumplan con las garantías que esperamos los ciudadanos. El futuro es incierto, pero esperanzador, y solo la voluntad y disposición de futuros gobernantes podrá cambiar el rumbo de la eficacia normativa en Panamá.
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